Las Empresas de Inserción están reguladas por la ley 44/2007, de 13 de diciembre. En dicha ley se establecen las características de dichas empresas, así como el objetivo a lograr:
- las Empresas de Inserción son iniciativas que, mediante la actividad empresarial, acompañadas de actuaciones sociales y de inserción social, hacen posible la inclusión sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión para su posterior colocación en empresas convencionales o en proyectos de autoempleo (preámbulo ley 44/2007, párrafo II)
- Las Empresas de Inserción podrán contratar como trabajadores/as, a efectos de lo previsto en esta Ley, a las personas en situación o riesgo de exclusión social desempleadas e inscritas en los Servicios Públicos de Empleo, con especiales dificultades para su integración en el mercado de trabajo (art. 2.1)
- El objetivo de las empresas de inserción es lograr la integración en el mercado de trabajo ordinario de las personas en situación o riesgo de exclusión, para lo cual, la empresa de inserción facilitará a sus trabajadores/as el acceso a la formación y a la orientación a través de las acciones y medidas que se establecen en esta Ley, todo ello se realizará desde un itinerario de inserción personalizado establecido entre la empresa y el trabajador/a (arts. 1.2 y 3.2)
- Las Empresas de Inserción han de estar promovidas y participadas por una Fundación o Asociación sin ánimo de lucro. De la misma manera, las Empresas de Inserción son iniciativas económicas de carácter no lucrativo.
Actualmente existen 40 Empresas de Inserción (E.I.) en la CAPV, en las que trabajan un total de 777 personas en proceso de inclusión. En 2018, el 66% de las personas que terminaron su proceso en las E.I. se incorporaron al mercado laboral ordinario, por lo que esta tipología de empresa ha demostrado ser una herramienta eficaz para la activación laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión.
Los ingresos totales de las E.I. en 2018 fueron 31 millones de euros, de los cuales 22 millones se derivan de su propia actividad económica y 9 corresponden a subvenciones.También hay que destacar que el retorno económico de las E.I. a las Administraciones Públicas (seguridad social, IVA, IS, IRPF) asciende a 3,8 millones de euros (Memoria Social 2018. Gizatea. Asociación de E.I.), por lo que podemos concluir que las E.I. “no viven de las subvenciones” sino de su propia actividad económica; el Gobierno Vasco, a través de las subvenciones, hace posible su sostenibilidad económica asumiendo el sobrecoste de personal técnico que necesitan estas empresas para poder realizar un acompañamiento personalizado que asegure el aprendizaje y la mejora de las condiciones de empleabilidad de las personas que están realizando los procesos de inclusión sociolaboral.
